El alto comisionado de la ONU, Volker Türk, hizo una declaración importante el lunes 11 de septiembre al expresar su apoyo a la discusión sobre la incorporación del “ecocidio” como un crimen internacional que podría ser juzgado por la Corte Penal Internacional. Türk destacó la necesidad de expandir la rendición de cuentas por los daños medioambientales, tanto a nivel nacional como internacional.
Durante su discurso de inauguración de la 54º sesión del Consejo de Derechos Humanos, Türk subrayó la importancia de tomar medidas para combatir la “impunidad” que actualmente prevalece en casos de destrucción del medio ambiente, que afectan a nivel global. Su respaldo a la discusión del “ecocidio” como un delito internacional marca un paso significativo hacia la protección del medio ambiente a nivel legal.
El alto comisionado también elogió a varios países de la región amazónica, incluyendo a Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, por sus esfuerzos para establecer una visión común sobre el futuro de la Amazonía. En estas conversaciones, se consideró reconocer el derecho de los pueblos indígenas de la región a participar en la toma de decisiones, lo que representa un avance en la protección de sus intereses y territorios.
Además, Türk destacó las acciones positivas tomadas por algunos países en la región en relación con la conservación del medio ambiente. Celebró el compromiso de Brasil de poner fin a la deforestación ilegal en la selva amazónica para el año 2030 y también el voto de los ecuatorianos a favor de detener la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní y la actividad minera en la reserva natural del Chocó Andino.
Sin embargo, es importante señalar que surgieron informaciones contradictorias en relación con la decisión del Gobierno ecuatoriano. Aunque se anunció inicialmente que se acataría la voluntad de los ciudadanos a través de la consulta popular, posteriormente se filtró un video en el que el presidente Guillermo Lasso indicaba que la explotación petrolera continuaría en los meses que le quedaban como gobernante. Este asunto plantea preocupaciones sobre la implementación efectiva de las decisiones tomadas por el pueblo ecuatoriano en referencia al medio ambiente.
Las autoridades ecuatorianas deben llevar a cabo una serie de pasos, incluyendo la elaboración de un plan para finalizar la explotación petrolera del bloque 43 ITT, fijar un presupuesto para desmantelar la infraestructura petrolera y abordar el impacto ambiental, así como gestionar la terminación de contratos con proveedores y trabajadores, entre otros aspectos cruciales en este proceso. La situación sigue siendo objeto de seguimiento y atención tanto a nivel nacional como internacional.
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