La defensa de Jhonny Caiza, quien confesó ser el autor del homicidio de la enfermera lojana Letty Cando, ha presentado una acción de hábeas corpus ante la Corte Provincial de Justicia con el objetivo de obtener su liberación. Esta solicitud, realizada la semana pasada, ha generado controversia en la comunidad local y ha suscitado debates sobre la legalidad de la detención de Caiza.
El abogado de la víctima, Galo Quiñones, conversó con Ecuavisa.com y expresó su preocupación ante las alegaciones de la defensa de Caiza. Según Quiñones, la defensa sostiene que la detención de su cliente fue ilegal e ilegítima, argumentando que estuvo detenido durante más de 24 horas sin justificación. Además, Caiza alega padecer esquizofrenia, lo que ha generado interrogantes sobre su estado mental.
“No tenemos evidencia que respalde estas afirmaciones de la defensa. También está alegando problemas mentales, pero hasta el momento no se ha presentado ningún documento que respalde dicha afirmación”, señaló el abogado Quiñones, haciendo referencia a ciertos papeles relacionados con un supuesto tratamiento por esquizofrenia que se encontraron en la casa de Caiza.
No obstante, Quiñones destacó que se están realizando investigaciones exhaustivas por parte del tribunal encargado de revisar esta solicitud de hábeas corpus. Se ha consultado al Ministerio de Salud Pública y a hospitales psiquiátricos para verificar la autenticidad de los documentos y determinar el estado mental de Caiza. El abogado subrayó que, incluso si se confirma que sufre de esquizofrenia, esto no implica necesariamente que su detención haya sido ilegítima o que esté exento de responsabilidad penal según el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
El asesinato de Letty Cando, una enfermera de 33 años, ha conmocionado a la comunidad local y ha desatado una serie de denuncias adicionales. Se ha descubierto que Caiza había enfrentado previamente una investigación por hostigamiento a una mujer, aunque esta no prosperó. Además, un familiar del acusado ha denunciado que Caiza la habría violado desde los nueve hasta los 19 años de edad. Paralelamente, se están investigando posibles vínculos de Caiza con otros crímenes, ya que se encontraron prendas de vestir quemadas pertenecientes a otras personas en su residencia.
La comunidad local sigue atenta a los desarrollos en este caso, que ha generado un intenso debate sobre la justicia, la detención preventiva y el tratamiento de problemas de salud mental en el sistema legal ecuatoriano. La audiencia de hábeas corpus será un momento crucial en la resolución de este complicado caso.
