Las comunidades indígenas shuar, kichwa y waorani de las provincias de Orellana y Sucumbíos han unido fuerzas para impugnar los resultados de la consulta popular que tuvo lugar el pasado 20 de agosto de 2023, en la que la mayoría de los ecuatorianos votaron a favor de detener la actividad petrolera en el Yasuní. En busca de revertir esta decisión, Cristóbal Kasent, coordinador regional de seis provincias amazónicas y representante de estas comunidades, anunció la presentación de una acción de protección.
En declaraciones realizadas el miércoles 20 de septiembre durante una entrevista en el programa “Vis a Vis con Janeth Hinostroza”, Kasent, de nacionalidad shuar, enfatizó que las comunidades indígenas son las más afectadas por la suspensión de la producción de petróleo en el bloque ITT, ya que dependen de estos proyectos para su sustento y desarrollo. La decisión de dejar el crudo bajo tierra amenaza la estabilidad de empleos y la prestación de programas de salud en estas áreas.
Además, Kasent destacó que la paralización de la producción también tiene un impacto negativo en los proveedores de servicios y la industria hotelera. Según el líder indígena, los esfuerzos de mitigación ambiental estaban en funcionamiento y la interrupción de la actividad petrolera tendría un impacto perjudicial tanto en la economía local como en el medio ambiente.
“Nosotros somos realistas porque vivimos en carne propia, estamos preocupados por lo que va a pasar con la consulta popular y por eso vamos a presentar esta acción de protección”, agregó Kasent.
La consulta popular del Yasuní generó un debate acalorado en Ecuador, ya que enfrentó las preocupaciones ambientales y la protección de la biodiversidad del Yasuní con las necesidades económicas y laborales de las comunidades locales. La presentación de la acción de protección por parte de Kasent y las comunidades indígenas marca un nuevo capítulo en esta contienda legal que podría tener importantes repercusiones en el futuro de la región.