la Fiscalía General de la Nación ha solicitado formalmente al juez de la Corte Nacional, Walter Macías, que se llame a juicio a tres altos funcionarios judiciales, incluyendo a dos vocales del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo y Ruth Barreno, así como al juez Vladimir Jhayya, por su presunta participación en el delito de tráfico de influencias. La acusación se basa en la supuesta presión ejercida sobre jueces de la Corte de Pichincha en relación con un caso legal que involucra a Guadalupe Llori.
La fiscal a cargo del caso, Diana Salazar, durante la audiencia evaluativa y preparatoria de juicio llevada a cabo el 27 de septiembre de 2023, presentó pruebas sólidas y detalló la teoría de la Fiscalía. Según esta teoría, en una reunión ocurrida el 2 de junio de 2022 en la oficina de Juan José Morillo, los tres acusados se habrían reunido con Gustavo Osejo y una testigo protegida, Maritza R., quien grabó la conversación. Según la grabación y la versión de la Fiscalía, en dicha cita, Ruth Barreno y Juan José Morillo habrían presionado a Gustavo Osejo para que fallara a favor de una acción de protección presentada por Guadalupe Llori, con el objetivo de que esta recuperara la Presidencia de la Asamblea Nacional.
En su presentación, la fiscal Diana Salazar hizo hincapié en la transcripción de la reunión del 2 de junio como una de las pruebas centrales, en la que se insta a Osejo a “apoyar” la resolución a favor de Llori. Basándose en esta evidencia y en otros elementos presentados, la Fiscalía solicitó al juez Walter Macías que tome las siguientes medidas:
- Llamar a juicio a los tres procesados: Juan José Morillo, Ruth Barreno y Vladimir Jhayya.
- Notificar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para que, en caso de que se acoja la acusación y se llame a juicio a los vocales de la Judicatura, sean destituidos de sus cargos.
- Notificar a la Contraloría General del Estado para que, en caso de incumplimiento de esta destitución, se sancione como corresponde.
- Notificar al Ministerio de Trabajo para que establezca la prohibición de ejercer cargos públicos.
Además, la Fiscalía solicitó medidas cautelares, incluyendo la prohibición de salida del país en contra de Juan José Morillo y Vladimir Jhayya. Sin embargo, se pidió una medida más drástica para Ruth Barreno, quien enfrenta la solicitud de prisión preventiva debido a su presunto intento de obstaculizar la justicia a lo largo del proceso.
La Fiscalía también solicitó medidas de protección para la testigo protegida del caso, así como para los fiscales y funcionarios del Ministerio Público involucrados en el caso, quienes están bajo el control disciplinario de la Judicatura. Asimismo, se requirieron medidas de protección para los jueces penales de la Corte Nacional de Justicia.
La decisión final sobre estas medidas y la posibilidad de juicio recae en el juez Walter Macías, quien instaló la audiencia evaluativa y preparatoria de juicio tras varios intentos y desafíos legales. El proceso continúa desarrollándose, y se espera que se tomen decisiones importantes en las próximas etapas del caso “Vocales”.
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