El director subrogante del Centro de Privación de Libertad No.1 en Guayaquil, conocido como Penitenciaría del Litoral, José Antonio M. V., fue enviado a prisión en relación con la misteriosa muerte de seis colombianos y un ecuatoriano que estaban involucrados en el caso del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.
La noticia del fallecimiento de estos reclusos en prisión desató una serie de interrogantes y preocupaciones sobre la seguridad en el sistema penitenciario ecuatoriano. La Fiscalía General del Estado confirmó que existía una orden de traslado de estos presos a otra cárcel debido a razones de seguridad, sin embargo, esta medida no se llevó a cabo, según lo informado por la misma Fiscalía.
Como consecuencia de estos acontecimientos, se abrió una investigación en contra del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), la entidad gubernamental encargada de la custodia y administración de las cárceles en el país. Además, dos guías penitenciarios fueron llevados a una Unidad de Flagrancia para prestar declaración.
En una audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, un juez determinó la prisión preventiva para José Antonio M. V., director subrogante del CPL 1, debido a los incidentes ocurridos el 6 de octubre en dicho centro penitenciario.
Estos hechos también desencadenaron una sacudida en la cúpula policial, con la remoción del comandante general de la Policía, Fausto Salinas, y el nombramiento de César Zapata como su sucesor por parte del presidente Guillermo Lasso. El mandatario reconoció la importancia de esta designación en un momento crítico para el país y en medio de las investigaciones del caso Villavicencio, en las cuales el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos ha ofrecido recompensas de cinco millones de dólares por información que conduzca a los responsables intelectuales del crimen.
Además, el presidente encargó la dirección general del SNAI al militar en situación de retiro Fausto Cobo, quien previamente se desempeñaba como director del Centro de Inteligencia Estratégica. También se ordenó la separación y baja del director general de Investigación de la Policía, Alain Luna, y el traslado a otras cárceles por razones de seguridad de otros seis detenidos vinculados con la investigación del caso Villavicencio.