El correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC) unieron fuerzas el 27 de octubre de 2023 para condenar enérgicamente al Gobierno de Guillermo Lasso debido a los persistentes racionamientos de electricidad que afectan a Ecuador. Ambas agrupaciones políticas, que previamente estuvieron a punto de destituir a Lasso a través de un juicio político en mayo pasado, anunciaron su intención de iniciar procesos de fiscalización en respuesta a la difícil situación eléctrica que enfrenta el país.
El bloque de asambleístas electos por la Revolución Ciudadana, representando al correísmo, atribuyó los apagones y el racionamiento eléctrico a la “irresponsabilidad y negligencia” de los gobiernos anteriores, incluyendo el de Lenín Moreno y el actual de Guillermo Lasso. Argumentaron que la falta de mantenimiento adecuado en las centrales térmicas de generación y la omisión de la construcción de nuevas instalaciones para la generación eléctrica han contribuido a la crisis. El correísmo presentó un conjunto de nueve medidas que incluyen la declaración de emergencia en el sector eléctrico y un plan para controlar las pérdidas energéticas. Además, advirtieron que emprenderán todos los procesos de fiscalización necesarios.
Por su parte, el presidente del Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano, manifestó que la condena no es suficiente y abogó por sancionar a los responsables de los apagones. Hizo un llamado a la Contraloría para llevar a cabo una “auditoría de gestión” de las autoridades gubernamentales involucradas en el manejo de la crisis energética. Serrano también enfatizó la necesidad de que la nueva Asamblea Nacional, que está a punto de ser instalada, asuma la responsabilidad de fiscalizar y sancionar políticamente a aquellos considerados responsables de lo que calificó como un “nuevo atropello al pueblo ecuatoriano”.
Las voces de los líderes del PSC y el correísmo han expresado su interés en reactivar el juicio político contra el presidente Lasso, un proceso que anteriormente fue frustrado por el mandatario mediante la aplicación de la “muerte cruzada”, una figura constitucional que le permitió disolver la Asamblea y convocar a elecciones anticipadas en mayo pasado. La asambleísta correísta Pierina Correa, quien obtuvo la mayor votación en las elecciones del 20 de agosto, anunció que se espera que la nueva Asamblea inicie sus funciones el 20 de noviembre, aunque acusaron al Ejecutivo de intentar “sabotear” el proceso de transición.