La Alianza Republicana Nacionalista (Arena), un partido de orientación derechista y exgobernante en El Salvador, presentó una solicitud el lunes ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) del país, solicitando la nulidad de la candidatura a la reelección del actual presidente Nayib Bukele. La petición se basa en la consideración de que esta candidatura es inconstitucional, en un país donde la reelección estuvo prohibida hasta la llegada de Bukele al poder.
César Reyes, un diputado de Arena, quien gobernó El Salvador entre 1989 y 2009, expresó: “Como Arena y como defensores de la democracia venimos aquí a interponer un escrito para que se declare la nulidad de esa inscripción (de Bukele)”. La decisión del TSE de aceptar la candidatura de Bukele para las elecciones programadas para el 4 de febrero ha generado controversia, ya que opositores alegan que la Constitución prohíbe su reelección.
Reyes destacó la importancia de defender la Constitución de la República y el estado democrático, así como el estado de derecho, subrayando que es fundamental que se cumplan y hagan cumplir las leyes. Antes de la llegada de Bukele al poder, la reelección presidencial estaba expresamente prohibida en El Salvador. En consecuencia, opositores y abogados han anunciado que seguirán presentando recursos al TSE.
La posibilidad de que Nayib Bukele opte a la reelección en 2021 se hizo posible gracias a la habilitación concedida por magistrados de la Corte Constitucional, quienes fueron nombrados por el Congreso, dominado por el oficialismo.
Luis Parada, candidato presidencial por el partido Nuestro Tiempo, también adelantó que su agrupación presentará un escrito en los próximos días para solicitar al TSE la nulidad de la candidatura del mandatario.
A sus 42 años, Nayib Bukele, conocido por su habilidad en el uso de las redes sociales, es el presidente más popular de América Latina, con un respaldo del 90% de los salvadoreños, según una encuesta publicada en julio de 2023 por la oenegé Latinobarómetro. Su popularidad se basa en su enfoque en la seguridad, que ha llevado tranquilidad a comunidades afectadas por la violencia de pandillas. Sin embargo, esta política de seguridad ha sido criticada por grupos de derechos humanos, quienes argumentan que ha implicado limitaciones de derechos debido al régimen de excepción que rige en el país desde marzo de 2022.