El municipio de Saquisilí, en Cotopaxi, se encuentra en una encrucijada respecto a la presencia de extranjeros y su impacto en la seguridad local. Una resolución emitida por la organización indígena Jatarishun ha levantado controversia al pedir la expulsión en 72 horas de extranjeros irregulares debido al aumento de la inseguridad en el cantón, particularmente señalando la presencia venezolana como factor de preocupación.
El alcalde Javier Velásquez aborda la situación desde una perspectiva de respeto a los Derechos Humanos, reconociendo la necesidad de hacer cumplir las leyes migratorias. Sin embargo, sostiene que el incremento de la delincuencia ha sido asociado a la llegada de extranjeros, especialmente venezolanos.
El punto álgido fue una asamblea comunitaria tras llevar a la justicia indígena a dos sospechosos de robo, originarios de Píllaro, en Tungurahua. A pesar de que estos individuos no eran extranjeros, la organización decidió emitir la advertencia de expulsión, enfocándose en la delincuencia atribuida a los extranjeros, especialmente de nacionalidad venezolana.
El llamado a la xenofobia ha generado preocupación entre representantes de la Iglesia, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo y el Municipio de Saquisilí, quienes se reunieron para buscar soluciones sin afectar la libre movilidad y evitar medidas extremas. La Iglesia abogó por la tolerancia, mientras la Defensoría recomendó diálogos para evitar violencia.
En el sector comercial, se percibe un malestar por la presencia de extranjeros solicitando dinero en días de feria, generando tensiones con los comerciantes locales. Esta situación ha llevado a demandas de mayor seguridad y respeto por parte de la población.
Las autoridades locales han reiterado que la medida no busca afectar a todos los extranjeros, sino enfocarse en aquellos que generan inseguridad. Planean acudir a instancias diplomáticas como la Embajada de Venezuela para solicitar mayor control migratorio y revisión de antecedentes.
La situación evidencia la tensión entre la seguridad comunitaria y el respeto a los derechos de movilidad de los extranjeros, desafiando a las autoridades locales a buscar soluciones que garanticen la seguridad sin caer en la discriminación o vulneración de derechos.
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