En una decisión trascendental emitida este martes 21 de noviembre, el Consejo de Gobierno del Pueblo Kichwa Salasaka ha resuelto la expulsión de todos los extranjeros de nacionalidad venezolana de su territorio. Esta resolución, que ha generado gran controversia, establece que cada gobierno comunitario debe llevar a cabo una verificación exhaustiva de los arrendatarios, incluyendo la revisión de antecedentes penales, lugar de procedencia y nacionalidad. Además, se exige el estricto cumplimiento de esta medida hasta el 30 de noviembre de 2023.
El fundamento principal que respalda esta decisión radica en la preocupación por la creciente ola de crímenes que ha afectado el territorio ecuatoriano en los últimos tiempos. Según lo establecido en el documento oficial emitido por el Consejo de Gobierno del Pueblo Kichwa Salasaka, se argumenta que esta medida drástica busca salvaguardar la seguridad y la integridad de la comunidad ante la situación preocupante derivada de estos incidentes delictivos.
La expulsión de ciudadanos venezolanos representa un movimiento inusual y ha generado opiniones encontradas dentro y fuera del territorio. Mientras algunos apoyan esta medida como un paso necesario para garantizar la seguridad comunitaria, otros la consideran discriminatoria y contraria a los principios de acogida y solidaridad internacional.
Esta resolución plantea un plazo concreto para su ejecución, lo que ha generado un debate intenso en la esfera política y social sobre las implicaciones humanitarias y legales de tal medida.
La situación continúa desarrollándose mientras se espera la reacción y respuesta de diversas organizaciones internacionales, así como el impacto que esta medida tendrá en la dinámica migratoria en la región.
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