Dos altos funcionarios del gobierno del presidente Lasso, Patricio Donoso Chiriboga y Sebastián Corral, han sido señalados por mantener acciones en empresas que han contratado con el Estado ecuatoriano, en presunta violación a la Constitución que prohíbe esta relación.
En mayo de este año, Sebastián Corral, secretario de la Administración Pública, admitió su condición de accionista en Teleamazonas, una empresa contratista del Estado. A pesar de ello, Corral argumentó haber erigido una “muralla china” legal para no tener conocimiento de las finanzas de la compañía, buscando separar sus intereses.
Por su parte, Patricio Donoso Chiriboga, ministro de Trabajo, ha sido vinculado como accionista en la empresa Vita Alimentos C.A., proveedora del Estado desde 2009. Aunque Donoso asegura ser un accionista de escaso capital y haber heredado estas acciones, la empresa en la que tiene participación ha obtenido contratos con hospitales públicos, incluyendo el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, durante su periodo como funcionario público.
Estas revelaciones han generado críticas y cuestionamientos hacia la administración de Lasso, especialmente en lo referente al cumplimiento de la ley y la transparencia en las relaciones de sus funcionarios con empresas contratistas del Estado. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción, resalta la importancia de aplicar la ley de manera igualitaria para todos los ciudadanos, incluyendo a los funcionarios públicos, y enfatiza la responsabilidad de estos en velar por el cumplimiento normativo, incluso en relación con inversiones de bajo monto.
Estos casos plantean una interrogante sobre la supervisión y aplicación de la ley por parte de entidades como la Contraloría, destacando la necesidad de un escrutinio riguroso para asegurar el cumplimiento de las normativas anticorrupción y éticas en la función pública en Ecuador.