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GOBIERNO VA TRAS EL DINERO DE GRUPOS CRIMINALES

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El Gobierno de Ecuador ha anunciado una estrategia contundente para desarticular y atacar el corazón financiero que sustenta las operaciones de los grupos delictivos en el país. La ministra del Interior, Mónica Palencia, afirmó en una rueda de prensa que la persecución del delito se extiende más allá de las calles, alcanzando directamente su fuente de financiación.

“La persecución del delito no solo es en las calles, es también en el financiamiento”, declaró Palencia durante la conferencia que también abordó la liberación del empresario Colin Armstrong. Este anuncio se enmarca en la firme determinación del gobierno por combatir el crimen organizado y reducir la creciente ola de violencia que ha afectado al país.

La estrategia involucra a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), responsable actualmente del seguimiento de lavado de activos. La colaboración interinstitucional será clave en este esfuerzo, según explicó Palencia, quien detalló un plan de trabajo conjunto entre la UAFE, el Servicio de Rentas Internas, la Policía de Inteligencia Financiera y un equipo de Aduanas del Ecuador.

“La UAFE y el Servicio de Rentas Internas cruzarán información en tiempo real sobre tributos, delitos tributarios y manejo de efectivo. Esto se fortalecerá con la participación de equipos de inteligencia financiera y aduanas”, puntualizó la ministra.

Palencia reveló la intención de sumar a instituciones financieras privadas a esta iniciativa, mientras el gobierno aspira a eliminar prácticas como las facturas de consumidor final, con el objetivo de evitar el tráfico de dinero ilícito en el país.

En lo que va de 2023, se ha detectado un alarmante total de USD 285 millones en lavado de activos, según Roberto Andrade, exdirector de la UAFE. A pesar de los esfuerzos, Ecuador aún enfrenta desafíos significativos en la lucha contra este delito, como lo señala el informe más reciente del Gafilat publicado en 2023. La situación podría haberse deteriorado aún más debido al incremento del crimen organizado en el país.

La determinación del Gobierno es clara: estrangular las fuentes financieras de los grupos criminales para debilitar sus operaciones y proteger la seguridad de los ciudadanos.

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