El día de hoy, la Asamblea Nacional se pronunció sobre la autorización para enjuiciar penalmente a Jorge Glas por el caso de Reconstrucción de Manabí. La propuesta presentada por Esther Cuesta para permitir el juicio obtuvo 44 votos a favor, lo que no alcanzó la aprobación requerida.
La sesión estuvo marcada por una serie de tensiones y argumentaciones. Inició con la apelación de la Presidencia, liderada por la asambleísta del correísmo Viviana Veloz, quien objetó el cambio del orden del día propuesto por el legislador Paúl Buestán. La asambleísta Ana Galarza apeló indicando la importancia de actuar conforme a la normativa.
Tras superar la apelación, se abrió el debate, donde el jefe de la bancada del Partido Social Cristiano, Vicente Taiano, cuestionó la convocatoria de la sesión. Argumentó la falta de legitimidad del juez Luis Rivera, vinculado al caso Metástasis, y propuso la incompetencia del Parlamento en esta materia. La asambleísta Cuesta defendió la legitimidad del pedido del juez, aunque olvidó que la norma específica el pedido de autorización solo para Presidente y Vicepresidente en funciones.
La presidenta Veloz suspendió el debate, generando reacciones, principalmente de Construye, y pasó a votar la moción de Cuesta, que finalmente obtuvo solo 44 votos a favor, insuficientes para autorizar el enjuiciamiento penal a Glas.
Destacable fue el cambio en la presidencia de la Asamblea, donde el presidente del Partido Social Cristiano, Henry Kronfle, solicitó una licencia sin sueldo por dos días, dejando el control del Legislativo en manos del correísmo, liderado por Viviana Veloz.
El comunicado de Kronfle mencionó su desacuerdo en convocar una sesión a petición de un juez bajo investigación de la Fiscalía, cediendo así el liderazgo a Veloz.
Las acusaciones de los asambleístas de Construye señalan al PSC y ADN, como parte de un acuerdo con el correísmo, de apoyar una agenda de impunidad y favorecer a Glas.
La decisión de la Asamblea deja un marcado debate sobre la interpretación de la normativa y los límites de competencia del Parlamento en casos de este tipo.