El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha remitido a la Asamblea Nacional un proyecto de Ley Orgánica de Competitividad Energética, catalogado como “urgente” en materia económica. Esta iniciativa pretende enfrentar la crisis energética que ha impactado severamente la economía del país.
La propuesta legislativa, compuesta por 26 páginas, aborda diversas medidas destinadas a impulsar la eficiencia energética y mitigar la crisis actual. Una de las principales disposiciones contempla la condonación de intereses derivados de deudas por el servicio público de energía eléctrica y alumbrado público. Esta medida pretende aliviar la carga financiera de los ciudadanos afectados por las dificultades económicas generadas por la crisis energética.
Además, el proyecto plantea la creación de un Fondo de Eficiencia Energética, financiado por el Presupuesto General del Estado y cooperación internacional, destinado a financiar campañas de ahorro energético, la sustitución de equipos obsoletos, programas de gestión de energía, entre otras iniciativas.
Otra de las disposiciones destacadas es la propuesta de incentivos tributarios para aquellos que logren reducir su consumo de energía eléctrica, permitiendo una deducción en el Impuesto a la Renta (IR) basada en la disminución de las facturas de consumo anual.
Este proyecto también contempla la delegación a empresas privadas, en casos excepcionales, de ciertas actividades relacionadas con el servicio público de energía eléctrica y alumbrado público, así como la regulación de contratos para la compraventa de energía y el fortalecimiento de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel).
La reforma energética ha sido enviada a la Asamblea Nacional después de haber sido aprobada por el legislativo y publicada en el Registro Oficial como la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo.
Esta propuesta busca no solo enfrentar la crisis energética actual, sino también promover un uso más eficiente y sostenible de la energía en Ecuador, apoyando a los ciudadanos y al sistema productivo del país.
Fecha límite para su discusión y aprobación: 1 de enero de 2024, mientras los racionamientos eléctricos se encuentran suspendidos.