La Fiscalía General del Estado ha reafirmado su firme determinación de perseguir el enjuiciamiento penal del exvicepresidente Jorge Glas, a pesar de la falta de aprobación por parte de la Asamblea para llevar a cabo esta causa, argumentando que la ausencia de autorización legislativa “carece de eficacia jurídica”.
El Ministerio Público emitió un comunicado después de que el Pleno de la Legislatura no lograra los votos necesarios para autorizar el enjuiciamiento penal de Glas, acusado de presunta malversación de fondos en la reconstrucción de Manabí tras el terremoto de 2016.
“La Fiscalía General del Estado insistirá en solicitar fecha y hora para la realización de la audiencia de formulación de cargos en el caso de la reconstrucción de Manabí”, expresó el comunicado. Además, enfatizó que, en este caso, no se requiere la autorización del órgano legislativo, contrario a lo que el juez nacional, Luis Rivera, había solicitado, cuyo despacho fue objeto de allanamiento hace una semana como parte de las investigaciones por supuesta delincuencia organizada en el caso Metástasis.
El Ministerio Público argumentó que la autorización de la Asamblea para el enjuiciamiento penal del Presidente y Vicepresidente de la República, como establece la Constitución, se aplica únicamente durante su ejercicio de funciones y no para procesos posteriores.
En referencia a casos anteriores en los que la Asamblea había desestimado solicitudes similares, la Fiscalía recordó que la negativa se basó en que Jorge Glas ya no ejercía el cargo de Vicepresidente desde el 4 de enero de 2018.
La Fiscalía subrayó la preocupación por el precedente de impunidad que este caso podría establecer, dejando al pueblo de Manabí en una situación de vulnerabilidad e indefensión ante presuntas irregularidades en el uso de fondos destinados a la reconstrucción tras el desastre natural.
Este pronunciamiento de la Fiscalía refleja su compromiso de continuar con las acciones legales pertinentes para esclarecer y procesar casos de presunta corrupción, independientemente de las dificultades institucionales o jurídicas que puedan surgir en el camino.
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