Este martes 26 de diciembre, el Gobierno argentino anunció la implementación del decreto 84/2023, estableciendo la “no renovación de contratos por empleo público suscritos en el último año”. Esta medida ha llevado a la baja de aproximadamente 7 mil empleados del Estado.
El decreto, que busca optimizar el gasto público y reestructurar la administración, ha generado amplio debate y preocupación en diversos sectores. Según el anuncio oficial, la medida se enmarca en un plan de ajuste y reorganización interna para hacer frente a desafíos económicos y presupuestarios.
Esta acción ha provocado reacciones encontradas entre sindicatos y sectores gubernamentales. Mientras algunos apoyan la necesidad de ajustar los recursos del Estado, otros expresan su preocupación por el impacto social y laboral que esta decisión pueda generar.
Hasta el momento, representantes del Gobierno no han brindado detalles específicos sobre los sectores o áreas afectadas por estas desvinculaciones laborales. Se espera que en los próximos días se den a conocer mayores precisiones sobre los alcances y las implicaciones de este decreto en el funcionamiento de la administración pública.
Este recorte en el empleo estatal se suma a otras medidas que el Gobierno ha implementado en el marco de su política económica, generando un clima de incertidumbre y debate en la esfera política y social del país.
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