Las autoridades policiales en colaboración con la Asociación de Bancos Privados han identificado un total de 380 cuentas bancarias empleadas por bandas delictivas para recibir los fondos generados por actividades de extorsión en las zonas de Guayaquil, Durán y Samborondón. Estos tres cantones han registrado el mayor número de casos relacionados con este delito.
En el transcurso del 2022, la Policía atendió a 1,500 víctimas de extorsión, sin embargo, en lo que va de este año, la cifra se ha disparado a 5,786, indicando un aumento alarmante en la incidencia del delito.
El seguimiento de denuncias ha permitido a los agentes policiales iniciar la trazabilidad del dinero exigido por los delincuentes bajo amenazas, tarea que se ha intensificado al cruzar información con la Asociación de Bancos del Ecuador. Este análisis conjunto ha revelado la existencia de 380 cuentas bancarias catalogadas como “de alquiler”, utilizadas en el proceso de depósito por parte de las víctimas.
El presidente de la Asociación de Bancos del Ecuador, Marco Rodríguez, ha confirmado este estudio y ha destacado la importancia de estas acciones para frenar el flujo de fondos hacia actividades ilícitas.
Aunque la Policía no ha divulgado la cantidad exacta recolectada en estas cuentas, ha señalado que las transacciones sospechosas han sido reportadas a la Unidad de Análisis Financiero y remitidas a la Fiscalía para investigar a los usuarios involucrados en estos procesos, los cuales están siendo sometidos a suspensiones.
Esta operación se enmarca en las declaraciones de la ministra del Interior, Mónica Palencia, quien recientemente anunció la estrategia gubernamental de seguir el rastro del dinero que financia a las estructuras criminales como una medida para contrarrestar la delincuencia y la escalada de violencia en Ecuador.
Como parte de este plan, se está trabajando en una colaboración entre representantes de la Unidad de Análisis Financiero y el Servicio de Rentas Internas para un intercambio de información en tiempo real sobre pagos de impuestos, delitos tributarios y el flujo de efectivo, con el objetivo de robustecer la lucha contra el crimen organizado y fortalecer la seguridad en el país.