El consejero de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas, ha presentado una acción de queja ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint. Guarderas alega que Atamaint no proporcionó, en los plazos estipulados por ley, información pública crucial para el ejercicio de sus deberes de fiscalización y control social.
La solicitud de Guarderas, fechada el 15 de noviembre de 2023, busca obtener todos los insumos técnicos y jurídicos que justifiquen la permanencia de Diana Atamaint y Enrique Pita en sus roles como presidenta y vicepresidente del CNE, respectivamente.
Esta acción surge tras una denuncia presentada por el colectivo “Calderón-Fernando Villavicencio”, que resalta que el período para el que fueron designados como autoridades del CNE finalizó el 20 de noviembre de 2021, y debería haberse convocado a una sesión plenaria para elegir nuevas autoridades.
Guarderas solicitó explicaciones sobre la supuesta falta de cumplimiento del inciso cuarto del artículo 24 de la Ley Orgánica de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia. Este inciso estipula que los cargos de Presidencia y Vicepresidencia se ejercen por tres años, y la autoridad ha permanecido en la presidencia por un tiempo que excede esta duración.
Las acciones de queja pueden acarrear multas que van desde uno hasta treinta salarios básicos unificados, así como la suspensión de derechos de participación por hasta dos años, o incluso la destitución del cargo. Sin embargo, las últimas dos sanciones no aplican a los vocales del TCE y CNE.
Guarderas ha solicitado una multa de 30 salarios para Diana Atamaint, además de instar al CNE a entregar la información requerida dentro de los plazos establecidos por la ley.
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