El escándalo en torno a la corrupción judicial ha alcanzado una nueva dimensión con las recientes revelaciones sobre el patrimonio de los jueces implicados en los casos Metástasis y Purga. Según las declaraciones presentadas ante la Contraloría, los 19 jueces bajo investigación, tanto a nivel nacional como provincial, acumulan un asombroso total de USD 4,9 millones en bienes, que incluyen 62 propiedades y 14 vehículos.
Estos alarmantes hallazgos han puesto de manifiesto la presunta facilidad con la que se habrían obtenido fallos judiciales favorables a cambio de transacciones monetarias. La Fiscalía, encargada de las investigaciones, ha expuesto una red de corrupción que habría infiltrado diversos niveles del sistema judicial, así como del Ejecutivo y las fuerzas públicas.
El presidente de la Corte de Guayas se vio obligado a dimitir tras ser vinculado a las pesquisas, indicando una extensión considerable de la influencia de estas prácticas corruptas. En respuesta a estos acontecimientos, la Contraloría ha anunciado una auditoría sobre los patrimonios de 63 jueces en Guayas, epicentro de la operación Purga.
Entre los jueces investigados, se destacan casos como el del exjuez Emerson Curipallo Ulloa, quien, a pesar de haber sido conocido por cuestionables decisiones judiciales, declaró un patrimonio en 2022 de USD 0, lo que ha levantado sospechas adicionales. Por otro lado, el juez Luis Rivera Velasco sorprende con un patrimonio declarado de casi USD 1,3 millones, acumulado a lo largo de una carrera que ha abarcado diversos cargos públicos.
Uno de los casos más peculiares es el del juez Reinaldo Cevallos Cercado, quien presentó múltiples declaraciones patrimoniales con discrepancias notables, sugiriendo posibles irregularidades en su situación financiera.
Estos escándalos han provocado un profundo cuestionamiento sobre la integridad del sistema judicial y la urgente necesidad de medidas para restaurar la confianza pública en la administración de justicia.
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