El inicio de las comparecencias de la Comisión de Fiscalización el 13 de marzo, para investigar el llamado Caso Purga, no transcurrió como esperaba el correísmo. Hubo revelaciones inesperadas sobre el origen de los jueces de Guayas implicados en la trama de delincuencia organizada. Entre los convocados estaban Hugo González, expresidente de la Corte Provincial del Guayas, quien no se presentó, y Álvaro Román Márquez, actual presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), que defendió su gestión de tres meses. Cuatro asambleístas titulares de la comisión no estuvieron presentes: Luis Alvarado, César Umajinga y Ramiro Vela de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), y Lenín Rogel del partido sociacristiano. Todos enviaron a sus suplentes.
Por otro lado, los cuatro legisladores de la Revolución Ciudadana asistieron y llevaron a la vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, como refuerzo. Su objetivo era relacionar a los ex presidentes del Consejo de la Judicatura con la designación de los jueces del Guayas investigados en el caso Purga. Veloz mencionó a cada uno y preguntó a Román en qué periodo fueron designados. Luego de revisar la información, concluyó que “la mayoría de los jueces implicados fueron designados durante los periodos de Fausto Murillo, María del Carmen Maldonado y Wilman Terán”.
Román aclaró que “todos los jueces nombrados en 2019, 2022 y 2023 provienen del banco de elegibles de 2018 del concurso del doctor Gustavo Jalkh”. Este detalle dejó un ambiente incómodo en la sala, dado que Jalkh, exministro del correísmo y exsecretario personal de Rafael Correa, fue presidente de la Judicatura entre 2013 y 2018.
Otro punto admitido por el presidente del CJ es que, en los últimos cinco años, ninguno de sus antecesores llevó a cabo evaluaciones de jueces, fiscales y notarios. La actual Judicatura iniciará este proceso, el cual podría tomar al menos 11 meses. En cuanto a las críticas por la falta de sanciones a los jueces procesados en Purga, Román explicó que iniciar un sumario administrativo requiere un trabajo técnico efectivo para evitar que los involucrados apelen y ganen las apelaciones.
El Consejo accedió al expediente de Fiscalía del caso Purga el 11 de marzo. Se ha conformado un equipo para emitir un informe y, a más tardar, el 15 de marzo o el lunes siguiente, iniciar sumarios administrativos contra los jueces. Además, la Judicatura solicitó a la Contraloría investigar los patrimonios de los jueces del Guayas y está realizando una auditoría de gestión de la Corte de Justicia del Guayas, entre otras acciones.
Adicionalmente, el Consejo de la Judicatura intervendrá en los entes de justicia de Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos “para prevenir situaciones similares” a las del Guayas. Se revisarán los procesos disciplinarios, las declaraciones jurisdiccionales previas y los casos penales, como el narcotráfico. Román señaló que a raíz de Metástasis y Purga, han llegado denuncias de actuaciones irregulares en esas provincias, y todo será investigado dentro de las competencias del Consejo de la Judicatura.
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