Tres jueces de la provincia de Guayas se enfrentan a juicio en calidad de presuntos autores directos del delito de prevaricato, tras ser acusados de emitir fallos contrarios a la ley que beneficiaron a empresas privadas. La medida también obligó al Banco Central a devolver la considerable suma de 12,5 millones de dólares que habían sido retenidos en un juicio.
La situación se desencadenó a raíz de una sentencia emitida por la Corte Constitucional el 7 de junio de 2023. Según esta sentencia, los jueces Lenin Z. y Jessy M. habrían cometido un error inexcusable al aceptar una acción de protección que anuló una medida cautelar dictada en un proceso penal, lo que supuso una desnaturalización de la garantía jurisdiccional.
Por otro lado, el juez Roberto A. también está implicado en estas acciones, al haber modificado arbitrariamente la decisión para incluir nuevas víctimas que no estaban contempladas en la sentencia original, lo que va en contra de una norma expresa.
En la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio, la Fiscalía confirmó la resolución y aseguró haber presentado 54 elementos de convicción para respaldar su caso. Entre las medidas cautelares ratificadas se encuentran la prohibición de salida del país y la obligación de presentación periódica ante la autoridad competente. Además, se ordenó la prohibición de enajenar bienes y la retención de cuentas pertenecientes a los procesados en el sistema financiero nacional.