La falta de apoyo institucional y la carga sobre las víctimas para impulsar denuncias de violencia sexual resultan en un alto índice de desistimiento de los procesos legales, alcanzando el 64%, según un estudio de la Defensoría del Pueblo. Lorena Chávez, directora nacional del Mecanismo de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, señala que esta decisión se debe a las condiciones inadecuadas del sistema legal para que las víctimas continúen con sus casos. Un ejemplo reciente fue un caso de abuso donde el uso de la cámara de ‘Gessell’ resultó ineficaz debido a problemas de audio, lo que llevó al desestimiento del caso y favoreció al agresor.
Esta problemática se agrava con la falta de recursos en la Fiscalía, que enfrenta un déficit de 634 fiscales, así como la carencia de alrededor de 700 defensores públicos a nivel nacional, infraestructura adecuada y personal capacitado en protección de derechos de niños y adolescentes. Chávez también cuestiona la discrepancia entre las cifras de denuncias de violencia sexual manejadas por la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura debido a la falta de sistemas de registro compatibles.
Las estadísticas revelan una alarmante impunidad: de las 52,051 denuncias presentadas ante la Fiscalía entre 2018 y 2023, solo 2,500 casos resultaron en sentencia. En contraste, la Judicatura informó que en el mismo período, solo 2,097 casos obtuvieron sentencia condenatoria, lo que evidencia problemas serios de registro, según Chávez.
Un estudio de la Defensoría del Pueblo, que recopiló información de 13 instituciones estatales, revela que el 95.85% de las denuncias de violencia sexual a niños, niñas y adolescentes quedan impunes. Este análisis abarcó a entidades como la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura, la Defensoría Pública y el Ministerio del Interior, entre otros. Sin embargo, ninguna de estas instituciones proporcionó datos sobre los agresores, excepto el Ministerio de Educación. Chávez enfatiza la importancia de conocer el nivel educativo de los agresores para desmentir el mito de que solo las personas sin educación cometen estos actos.
El estudio también revela deficiencias en la atención a las víctimas. Por ejemplo, la Defensoría Pública prioriza la atención a los perpetradores en lugar de a las víctimas de abuso, ya que no hay defensores exclusivos para estas últimas. Esto contribuye a que muchas víctimas abandonen los procesos legales. De las 52,051 denuncias de violencia sexual presentadas en la Fiscalía, solo 14,734 recibieron atención en el sistema de salud pública.
El Ministerio del Interior solo proporcionó datos a partir de 2021, ya que es el año en que se estableció la Unidad Nacional de Investigación contra la Integridad Sexual. El estudio también señala la falta de servicios especializados para menores de edad fuera del horario laboral en el MIES y el Ministerio de la Mujer. Además, el Ministerio de Salud carece de servicios comunitarios y especializados adecuados para abordar las necesidades de la población, especialmente en casos de agresión sexual.
En cuanto a la atención de la salud mental, el Ministerio de Salud Pública cuenta con solo 261 psicólogos a nivel nacional, cada uno de los cuales puede brindar solo 20 minutos de consulta cada cuatro meses a pacientes que hayan sufrido agresión sexual, según Lorena Chávez.
