Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), a través de su Monitor Fiscal, Ecuador ocupa el tercer lugar en Sudamérica en cuanto al nivel de gasto público como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), lo que refleja su tamaño relativo dentro de la economía.
En primer lugar se encuentra Brasil, donde el gasto del Sector Público no Financiero representa el 48,08% del PIB. Le sigue Argentina, con un promedio de gasto del 38,3% del PIB en los últimos años. Ecuador se sitúa en el tercer puesto, con un gasto estatal del 37,16% del PIB, a pesar de las crisis recurrentes y el bajo crecimiento económico. En comparación, países con características demográficas similares, como Chile, registran un gasto equivalente al 26,92% del PIB.
En cuanto a los países vecinos, Colombia y Perú presentan niveles de gasto público del 34,7% y 22,4% del PIB, respectivamente. Cabe mencionar que el Sector Público no Financiero comprende al Gobierno Central, las entidades de seguridad social, el sector eléctrico, las empresas públicas y los gobiernos locales.
En el año 2023, a través del Presupuesto General del Estado (PGE), el Gobierno Central de Ecuador gastó $32.694,73 millones anuales, lo que equivale aproximadamente a $90 millones diarios. Para el año 2024, según la proforma presentada por el presidente de la República, Daniel Noboa, se proyecta un gasto de $35.536,04 millones anuales, superando así los $97 millones al día.
Durante el segundo boom petrolero, entre 2010 y 2014, el gasto del Gobierno Central incluso superó el 40% del PIB. Sin embargo, como ha señalado LA HORA en sus análisis, estos considerables montos destinados al sector público, obtenidos principalmente a través de impuestos, no se traducen en mejoras sustanciales en los servicios públicos o la infraestructura.
Entre 2008 y 2023, a través del PGE, se ha gastado un total acumulado de más de $483.000 millones. A pesar de esta inversión, la economista Andrea Moreno sostiene que la economía ecuatoriana se encuentra estancada, el sector público muestra deficiencias y la inversión es mínima. Moreno subraya la necesidad de un pacto fiscal urgente para establecer prioridades claras. Con un sector privado formal reducido y un Estado que excede las capacidades reales de pago de la economía ecuatoriana, se convierte en un obstáculo para el empleo, la formalización y el crecimiento económico.
¿Es posible reducir el gasto público al 25% del PIB?
Recientemente, durante un discurso ante el Congreso, el presidente de Argentina, Javier Milei, propuso un pacto refundacional basado en principios liberales, que incluye la reducción del gasto público alrededor del 25% del Producto Bruto Interno. Esta medida, que implica una redefinición del papel del Estado, busca liberar recursos para la producción, el empleo y la inversión en el sector privado. Aunque algunos críticos argumentan que los países desarrollados tienden a tener estados grandes, mientras que los países pobres tienen estados pequeños, el economista liberal español Juan Ramón Rallo sostiene que esta lógica no siempre es válida. Rallo argumenta que es posible tener un Estado moderno y pequeño que contribuya a una sociedad próspera. Ejemplos como Chile, Panamá, Corea del Sur, Taiwán y Suiza, con porcentajes de gasto público que oscilan entre el 21% y el 31% del PIB, respaldan esta idea.
En la búsqueda de reducir el gasto público, se pueden seguir cuatro pasos generales desde una perspectiva liberal. Primero, se propone reducir el tamaño de la burocracia estatal y los privilegios asociados a los contratos colectivos excesivos, que actualmente representan más del 48% del gasto corriente en 2024 solo en el Gobierno Central. Segundo, se plantea revisar y eliminar los subsidios y subvenciones proteccionistas que benefician a diversos sectores de la economía, destinando recursos únicamente a aquellos con un impacto social real en los sectores más vulnerables. Tercero, se sugiere financiar gran parte de la obra pública a través de concesiones a empresas privadas, en lugar de depender exclusivamente del presupuesto estatal. Cuarto, se propone una reforma estructural del sistema de pensiones, transitando hacia un sistema mixto público y privado para permitir a los individuos elegir entre un sistema de capitalización o ahorro individual fuera del monopolio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Según Rallo, el elevado gasto público, como el que se observa en países como España, donde representa más del 47% del PIB, ha contribuido paradójicamente al aumento de la pobreza en los últimos años y ha generado los menores niveles de ingresos dentro de la Unión Europea. Siguiendo estos pasos y manteniendo presupuestos para funciones básicas como seguridad y justicia, incluso una economía como la española podría reducir su gasto al 26% del PIB.
En el caso de Ecuador, un plan coherente de reestructuración a cinco años, con aportes de la academia y gremios profesionales, podría conducir gradualmente a una optimización del Estado que sea sostenible y no obstaculice el crecimiento y la formalización económica. Durante la etapa inicial de la dolarización, entre 2000 y 2006, cuando el gasto público representaba poco más del 20% del PIB, se lograron niveles más significativos de reducción de la pobreza y crecimiento económico en comparación con el segundo boom petrolero y el estado de gran tamaño de la década correista.
Comments are closed