Ecuador se enfrenta a una situación preocupante en el manejo de sus ingresos petroleros, ya que el país gastará casi la mitad de los fondos generados por esta industria en la compra de combustibles importados y sus consiguientes subsidios durante el año 2024.
Según la Proforma Presupuestaria para 2024, debatida en una sesión del Pleno de la Asamblea Nacional el 19 de marzo de 2024, Ecuador recibirá ingresos brutos del sector petrolero por un total de USD 14.340 millones. Sin embargo, apenas el 9% de este monto, equivalente a USD 1.261 millones, se destinará a cubrir los gastos del presupuesto estatal.
La razón principal detrás de este desequilibrio radica en el significativo gasto que implica la importación de combustibles y sus subsiguientes subsidios. En 2024, cerca de la mitad de los ingresos petroleros, es decir, unos USD 6.576 millones, se destinarán a la compra de combustibles importados. Esto se debe a que, a pesar de ser un país productor de petróleo, Ecuador solo produce una cantidad limitada de combustibles, lo que obliga a importar una gran parte de la demanda nacional.
A pesar de los altos costos asociados con la importación de combustibles, el Estado no recupera completamente este gasto debido a su política de subsidios vigente desde los años 70. De los USD 6.576 millones destinados a la compra de combustibles importados en 2024, el país solo recuperará USD 3.846 millones, mientras que el resto, unos USD 3.093 millones, serán destinados a subsidios para la población y ciertos sectores productivos.
El presidente Daniel Noboa está considerando la eliminación progresiva de los subsidios a las gasolinas mediante un sistema de bandas que permitiría aumentar gradualmente los precios. Sin embargo, se mantendrán los subsidios al gas y al diésel.
Además de los gastos en combustibles, Ecuador también debe cubrir otros pagos relacionados con el petróleo, como las tarifas a las petroleras privadas que operan en el país y las asignaciones para las provincias amazónicas. Después de descontar todos estos gastos, quedan pocos ingresos disponibles para el Estado, lo que plantea un desafío significativo en la financiación de inversiones, salud, educación y otros sectores prioritarios, como establece la Constitución.
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