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AGENTE DE TRÁNSITO FUE ASESINADO EN DURÁN, TRAS DENUNCIAR DESPIDOS EN LA ATM

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En un suceso que ha conmocionado a la comunidad de Durán, el agente de tránsito Byron Andrés Sisalima fue brutalmente asesinado mientras se desplazaba en una camioneta de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) de Guayaquil, cerca de la feria ganadera de Durán. Sisalima, de tan solo 28 años, presuntamente había denunciado despidos irregulares dentro de la ATM, lo que ha llevado a especulaciones sobre un posible vínculo entre su muerte y sus acciones en favor de la transparencia en la institución.

El alcalde de Durán, Luis Chonillo, confirmó que los agentes acompañantes del teniente Sisalima resultaron heridos durante el ataque, incrementando la tragedia de este lamentable suceso.

Este trágico incidente vuelve a poner bajo la lupa la situación interna de la ATM, especialmente en relación con las denuncias de corrupción y las prácticas irregulares que algunos ex empleados, como Sisalima, han sacado a la luz. Según lo relatado por la víctima en una entrevista con PRIMICIAS hace apenas una semana, Sisalima había sido despedido de la ATM en 2019 a través de un sumario administrativo, aunque posteriormente una jueza de lo penal falló a su favor en una acción de protección por violación al “derecho al debido proceso”.

El caso de Sisalima no es único, ya que, según revelan los chats del caso Purga, Faddul Mosquera, asesor de gerencia de la ATM, habría estado involucrado en intercambios de favores con Mayra Salazar, exasesora de la presidenta de la Corte del Guayas. Estos intercambios estarían destinados a influir en la revisión de casos judiciales relacionados con la ATM, sugiriendo una red de corrupción que involucra a funcionarios de alto rango.

Este trágico suceso subraya la urgencia de una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias de la muerte de Sisalima y para abordar las acusaciones de corrupción dentro de la ATM, asegurando así la integridad y transparencia en las instituciones encargadas de velar por la seguridad y el cumplimiento de la ley en Ecuador.

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