La Fiscalía de Ecuador ha desatado una operación a gran escala, conocida como caso Plaga, con el objetivo de desmantelar una compleja red de corrupción que implica a varios sectores del sistema judicial y del ámbito legal. En este caso, se han detenido a policías, jueces, exfuncionarios públicos y abogados en ejercicio libre, quienes supuestamente han facilitado la liberación de individuos considerados de alta peligrosidad a través de prácticas ilícitas.
Desde la madrugada del miércoles 3 de abril, este operativo ha estado en marcha, y hasta el momento se han realizado múltiples detenciones en diversas provincias del país. Entre los arrestados se encuentran exfuncionarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI), jueces de distintos niveles, secretarios de juzgado, agentes de policía en servicio activo y abogados en ejercicio, todos ellos presuntamente implicados en actividades corruptas que socavan la integridad del sistema judicial ecuatoriano.
El presidente Daniel Noboa ha respaldado enérgicamente esta operación, destacando su importancia en la lucha contra la delincuencia organizada y resaltando la necesidad de enfrentar con firmeza cualquier forma de corrupción, sin importar su origen o su alcance. Asimismo, Noboa ha vinculado este operativo con la consulta popular que se celebrará el 21 de abril, sugiriendo que este es un paso crucial en el camino hacia una justicia más transparente y eficaz.
La fiscal Diana Salazar, a cargo de la investigación, ha explicado que el nombre del caso Plaga se justifica por la magnitud de la corrupción detectada y por la extensión geográfica de la operación, que abarca ocho provincias del país. Según Salazar, esta red delictiva habría utilizado diversas artimañas legales para favorecer a individuos peligrosos, permitiéndoles evadir la justicia y representando una grave amenaza para la seguridad pública.
La investigación continúa en desarrollo, y se espera que en las próximas horas se presenten cargos formales contra los detenidos. Este caso representa un importante paso en la lucha contra la corrupción en Ecuador y refuerza el compromiso de las autoridades en la defensa del Estado de derecho y la justicia equitativa para todos los ciudadanos.