El Gobierno de México concedió el viernes 5 de abril asilo político al exvicepresidente Jorge Glas, quien se encuentra refugiado en la sede diplomática mexicana en Quito, mientras enfrenta procesos legales por presunto peculado en el caso Reconstrucción de Manabí.
El asilo político implica que el Estado mexicano reconoce a Glas como perseguido político y le otorga protección, según explica el abogado constitucionalista José Chalco. Sin embargo, para movilizarse desde la Embajada hacia el aeropuerto y trasladarse a México, Glas requiere un salvoconducto que debe ser otorgado por el Gobierno ecuatoriano.
Aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores de México asegura que el Estado territorial está obligado a proporcionar el salvoconducto, Chalco refuta esta afirmación, explicando que Ecuador no está obligado a otorgarlo. Esto podría generar una tensión diplomática significativa entre ambos países.
Gabriela Sommerfeld, canciller en diciembre de 2023, ya había adelantado que el Gobierno ecuatoriano no concedería el salvoconducto a Jorge Glas, lo que impediría su salida de la sede diplomática en Quito.
Esta situación podría dejar a Glas en una situación similar a la de Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres, según el abogado internacionalista Esteban Santos.
Jorge Glas enfrenta una orden de prisión preventiva en el caso Reconstrucción de Manabí, relacionado con la presunta malversación de fondos destinados para la reconstrucción de la provincia tras el terremoto de 2016. Acudió a la Embajada mexicana en diciembre de 2023 alegando temer por su seguridad y libertad.