Safety Enforcement Seguridad Vial, la empresa concesionaria del servicio de fotosensores en Ambato, ha sido sancionada en un proceso constitucional de acceso a la información pública. Sin embargo, hasta el momento, se niega a cumplir con la sanción impuesta hace aproximadamente dos años, desafiando así a la justicia.
El fallo judicial, emitido por el juez constitucional, determinó que la empresa en cuestión se negó a proporcionar la información necesaria para subir al sistema las multas generadas por el noveno fotosensor ubicado en la Av. Bolivariana. Esta negativa habría permitido recaudar miles y miles de dólares de manera ilegal.
La falta de transparencia de Safety Enforcement Seguridad Vial ha suscitado una creciente preocupación e indignación, tanto a nivel local como nacional. El incumplimiento de esta decisión constitucional será evaluado por la nueva jueza titular, Dra. Ana Quinteros, quien ha convocado a una audiencia para el viernes 5 de abril de 2024 a las 10:00 en la sala número 211 del complejo judicial ubicado en la Av. Cervantes de la ciudad de Ambato.
Desde hace aproximadamente 10 años, un contrato viciado y lleno de irregularidades ha afectado no solo los intereses de los ambateños, sino también los de miles de ecuatorianos que transitan por la zona. Robinson Loaiza, ex concejal de Ambato, ha denunciado reiteradamente todas las irregularidades cometidas por las autoridades locales, cuyas acciones u omisiones quedarán registradas en la historia.
El objetivo de Loaiza y otros profesionales del derecho que se han unido a esta lucha ciudadana es exigir el cumplimiento de la ley y el respeto de los derechos constitucionales que amparan a todos los ecuatorianos.