La Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó su fuerte condena por la irrupción policial en la embajada mexicana en Quito con el objetivo de detener al exvicepresidente Jorge Glas, en una resolución aprobada este miércoles en Washington. No obstante, cabe mencionar que El Salvador, bajo el liderazgo de Nayib Bukele, optó por abstenerse de votar en contra de Ecuador.
La totalidad de los países participantes manifestaron su respaldo a la resolución, con la excepción de Ecuador, que votó en contra, y de El Salvador, que se abstuvo. Cabe destacar que México, debido a la ruptura de sus relaciones diplomáticas, no estuvo presente en la votación.
La acción sin precedentes de la policía ecuatoriana al asaltar la embajada de México en Quito generó una amplia repulsa a nivel internacional.
Incluso, gobiernos tanto de izquierda como de derecha en América Latina, como los de Perú y Argentina, se unieron para condenar enérgicamente esta acción.
Sin embargo, sorprendentemente, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien en otras ocasiones ha expresado su opinión en coyunturas regionales, optó por un silencio en esta ocasión.
Este hecho ha llamado la atención, sobre todo en el contexto actual de crisis en la OEA y la Celac, organismos de los cuales San Salvador es miembro y que han convocado reuniones urgentes para abordar este tema.
Es importante destacar que El Salvador fue el único país que se abstuvo este miércoles de votar en la OEA en una resolución que condena enérgicamente el asalto perpetrado por Ecuador.
Por otro lado, el presidente Daniel Noboa ha justificado el operativo contra la delegación mexicana como parte de su “lucha contra la impunidad”.
El mandatario ha mantenido una postura firme frente a la situación, especialmente en el contexto de una consulta popular programada para el 21 de abril, propuesta por su gobierno para otorgar mayores facultades a las fuerzas del orden en la lucha contra la delincuencia.
En contraposición, el exvicepresidente Glas, condenado en 2017 a ocho años de prisión por asociación ilícita y cohecho, y liberado en 2022 mediante un recurso legal, es considerado un símbolo de la corrupción.
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