Las negociaciones entre el Estado ecuatoriano y las empresas de telefonía móvil, Claro y Movistar, para la renovación de los contratos de concesión del servicio móvil avanzado han enfrentado obstáculos. Por segunda vez, las reuniones de trabajo fueron suspendidas el 4 de diciembre de 2023, y ahora se espera retomarlas el 30 de mayo de 2024, según lo establecido por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel).
La falta de insumos necesarios para continuar con el proceso, como las cláusulas de seguridad y la valoración para el uso del espectro radioeléctrico, así como las solicitudes de las operadoras telefónicas para suspender el proceso y permitir que las nuevas autoridades del país se informen sobre los insumos necesarios, fueron las razones detrás de esta suspensión.
Entre los aspectos cruciales que se están considerando en estas negociaciones se encuentra la actualización de las cláusulas de seguridad que deben incorporarse al contrato de negociación con las operadoras. Dada la situación de seguridad actual en el país, esto se considera uno de los insumos más importantes. Se desconoce si la propuesta de colocar inhibidores de señal en las cárceles seguirá siendo parte de la negociación.
La negociación también involucra la valoración del espectro radioeléctrico, un recurso natural vital administrado por el Estado para la transmisión de ondas electromagnéticas. El monto a pagar por la concesión de este espectro es un aspecto crucial de la negociación, que debe ser conveniente y rentable tanto para las operadoras como para el Estado.
El proceso de negociación, que comenzó en diciembre de 2022 y tiene un plazo de dos años, deberá culminar por completo en septiembre de 2024. Mientras tanto, las operadoras operan con prórrogas en sus contratos de concesión para garantizar la continuidad del servicio de telefonía celular en el país.