La Presidencia de la República ha anunciado medidas legales contra la exministra de Energía, Andrea Arrobo, y otros 21 funcionarios de alto rango de esa cartera estatal, acusados de ocultar información vital para el funcionamiento del sistema nacional energético.
Según un informe liderado por el ministro interino de Energía, Roberto Luque, durante la gestión de Andrea Arrobo se habría suprimido y desestimado advertencias cruciales al Comité de Crisis Energética, con el fin de evitar la divulgación del problema y la toma oportuna de medidas.
El comunicado oficial recalca que los recortes de energía experimentados no solo fueron resultado de condiciones ambientales adversas, sino también de actos de corrupción y negligencia sin precedentes.
El documento revela hallazgos alarmantes:
- Situaciones críticas en los embalses Paute y Mazar, con este último registrando un nivel de almacenamiento del 0%.
- Un déficit del 40% en el caudal de la Central Coca Codo Sinclair.
- Cenace, el organismo regulador, advierte que la situación supera registros históricos.
- Pronósticos de un déficit energético diario entre 22 y 27 GWh a partir de abril, según Cenace.
Ante esta situación, el Gobierno ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por paralización de servicios contra los 22 implicados, incluida Andrea Arrobo, acusándolos de afectar el desarrollo y la productividad del país.
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