La segunda pregunta (CASILLERO B) que los ecuatorianos responderán en las elecciones del domingo 21 de abril del 2024 pertenece al referéndum. Es decir que esta pregunta implica una reforma en la Constitución de Ecuador.
Actualmente la extradición no es legal en Ecuador. De ganar el Sí en esta pregunta implicaría que este procedimiento judicial tome legalidad a través de una enmienda constitucional en el artículo 79.
La pregunta dice:
¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos, con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la Ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes, conforme el Anexo 1?
En la actualidad, la Constitución establece que no se concederá la extradición de ecuatorianos, y su juzgamiento se sujetará a las leyes del país. Sin embargo, de aprobarse la reforma, se sustituirá este texto por uno nuevo.
La enmienda establece que la extradición se solicitará y concederá de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en la Constitución y los instrumentos internacionales.
La normativa también establece que la extradición será dictaminada por un juez en ciertos delitos tipificados en la legislación ecuatoriana y con la condición de no aplicarse la pena de muerte ni otras penas consideradas inhumanas, crueles o degradantes.
Además, señala que no se concederá la extradición por delitos políticos y conexos (aquellos que tienen relación entre dos o más procesos). De ellos, se excluye al terrorismo, los delitos contra la humanidad y otros establecidos en convenios internacionales.