La onceava pregunta (CASILLERO K) que los ecuatorianos responderán en las elecciones del domingo 21 de abril del 2024 pertenece a la consulta popular. Es decir que esta pregunta supone cambios legislativos que no afectan a la Constitución del Ecuador.
La pregunta dice:
¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, conforme el Anexo de la pregunta?
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica y sanciona a delitos como: lavado de activos, cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito. De igual manera a la delincuencia organizada, testaferrismo, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, terrorismo y delitos relacionados con sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
Sin embargo, establece en su artículo 69 que en caso de existir bienes, fondos, activos, productos e instrumentos que sean resultado de estos delitos, estos artículos no pueden ser comisados. “El juzgador dispondrá el comiso de cualquier otro bien de propiedad del condenado, por un valor equivalente, aun cuando este bien no se encuentre vinculado al delito”, señala este cuerpo legal.
En caso de que el Sí gane en esta pregunta, el Presidente de la República deberá presentar un proyecto de ley reformatoria al COIP que contenga las modificaciones necesarias para que el Estado pueda ser el titular de los bienes.
El Presidente tendrá un plazo máximo de 5 días después de la publicación de los resultados oficiales de la consulta popular para enviar este proyecto a la Asamblea Nacional. El legislativo, a su vez, deberá debatir y aprobar la reforma en un plazo máximo de 60 días.