El Consejo de Administración Legislativa (CAL) ha aprobado el trámite de cuatro solicitudes de juicio político dirigidas a altos funcionarios del gobierno ecuatoriano. Entre los implicados se encuentran Mónica Palencia, ministra del Interior; Gabriela Sommerfeld, canciller de la República; Pablo Arosemena, exministro de Economía y Finanzas; y Andrea Montalvo, exsecretaria de Educación Superior.
Las acusaciones contra Palencia y Sommerfeld se centran en presuntos casos de incumplimiento de funciones relacionados con la intervención en la Embajada de México en Quito el pasado 5 de abril. Este incidente se produjo durante la detención del exvicepresidente Jorge Glas.
Tras la aprobación por parte del CAL, las solicitudes de juicio político serán remitidas a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, presidida por Pamela Aguirre, miembro del partido Revolución Ciudadana. Esta comisión será la encargada de realizar un análisis exhaustivo de los casos y determinar si procede o no iniciar el juicio político contra los funcionarios mencionados.
El proceso de evaluación y consideración por parte de la Comisión de Fiscalización será crucial para determinar si existen fundamentos suficientes para llevar a cabo el juicio político contra los acusados. Este paso representa un importante proceso dentro del marco institucional ecuatoriano y refleja la importancia de la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio de la función pública.
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