Con la aprobación de las reformas sobre seguridad en la reciente consulta popular, el Gobierno de Daniel Noboa se enfrenta a un desafío significativo: gestionar la crisis de inseguridad sin contar con aliados políticos en el Congreso. Las reformas, que deberán ser implementadas en los próximos 13 meses, plantean un escenario donde el Ejecutivo deberá demostrar resultados en materia de seguridad sin el respaldo de las principales bancadas legislativas.
El presidente Noboa tendrá que navegar un frente político sin aliados claros, ya que ha roto relaciones con las tres bancadas más grandes del Legislativo, las cuales suman más de 80 votos y podrían bloquear cualquier proyecto del Gobierno que no esté relacionado con las reformas aprobadas en la consulta.
La gestión política del Ejecutivo estará a cargo de Michele Contugi, un ministro relativamente desconocido, quien enfrentará el desafío de mantener la gobernabilidad y las relaciones con otras funciones del Estado, gobiernos locales y organizaciones sociales. Por otro lado, Mónica Palencia, recientemente nombrada ministra del Interior, deberá cumplir con las promesas del oficialismo en cuanto al conflicto armado interno y la crisis de inseguridad.
El escenario político se complica aún más con las tensiones entre el Gobierno y los partidos políticos. El Partido Social Cristiano (PSC), anterior aliado del Gobierno, ha expresado su descontento y ha acusado al Ejecutivo de haber perdido su mejor aliado. Por su parte, la Revolución Ciudadana, liderada por Rafael Correa, ha dejado claro que no apoyará al Gobierno y ha calificado la consulta popular como “pura demagogia”.
Con este contexto político complejo, el Gobierno de Daniel Noboa se enfrenta a un periodo de gestión difícil, donde la implementación de las reformas sobre seguridad será crucial para su legitimidad y éxito en los próximos meses.