El Consejo de la Judicatura estima que la implementación de los nuevos jueces constitucionales, aprobados en la consulta popular, requerirá una inversión aproximada de 6 millones de dólares. Una vez que los resultados de la consulta sean oficialmente publicados en el Registro Oficial, dará inicio un plazo de un año para que el Consejo organice el concurso de méritos y oposición destinado a seleccionar a los jueces especializados en materia constitucional, tanto para la primera instancia como para las salas especializadas de lo constitucional en las cortes provinciales. Este mandato fue respaldado por la mayoría el pasado 21 de abril, con la victoria del “sí” en la pregunta C.
Los nuevos jueces constitucionales tendrán la responsabilidad de resolver una variedad de casos, incluyendo acciones de protección, habeas corpus, habeas data, solicitudes de acceso a la información pública y medidas cautelares. Aunque aún no se ha determinado el número exacto de jueces que se incorporarán a los 1.946 que actualmente ejercen en todos los niveles judiciales, el proceso de selección seguirá rigurosamente las reglas, etapas y procedimientos establecidos en el Código Orgánico de la Función Judicial.
Los jueces seleccionados formarán parte de la carrera judicial y disfrutarán de la misma estabilidad laboral garantizada por la Constitución y la ley para todos los jueces. Además, estarán sujetos al control, vigilancia y disciplina del Consejo de la Judicatura, asegurando así la integridad y el buen desempeño de la función judicial en el país.
El respaldo contundente de la ciudadanía ecuatoriana en la consulta popular del 21 de abril marcó el inicio de un cambio significativo en el sistema judicial del país. La aprobación de tener nuevos jueces especializados para resolver asuntos fundamentales como protección, acceso a la información y medidas cautelares es un paso importante hacia una administración de justicia más eficiente y transparente. Ahora, corresponde al Consejo de la Judicatura llevar a cabo el proceso de selección de estos jueces mediante un concurso que asegure la idoneidad y la imparcialidad en la aplicación del derecho constitucional.