En un llamado emitido este lunes 29 de abril de 2024, expertos en derechos humanos de Naciones Unidas han urgido a Ecuador a asegurar justicia y reparación para las víctimas de esclavitud moderna en dos juicios trascendentales en el país. Estos juicios están dirigidos contra la empresa Furukawa Plantaciones, que enfrenta acusaciones de haber sometido a más de 330 personas a trabajos forzados, servidumbre y otros abusos graves de derechos humanos durante más de seis décadas.
Los presuntos abusos se habrían llevado a cabo en las haciendas pertenecientes a la empresa para la cosecha de abacá, una planta de gran tamaño recolectada por su fibra, ubicadas en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos.
En un hito para la justicia ecuatoriana en 2021, se reconoció por primera vez en la jurisdicción ordinaria que las condiciones de trabajo en estas plantaciones constituían una violación de múltiples derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la igualdad, la no discriminación, la prohibición de la servidumbre, el derecho a la salud, la vivienda y la educación.
Como resultado de este reconocimiento, tanto Furukawa Plantaciones como el Estado ecuatoriano fueron obligados por la autoridad judicial a aplicar medidas de reparación a las víctimas, que incluyen indemnizaciones económicas y disculpas públicas.
Sin embargo, en un juicio provincial, el Tribunal de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas solo confirmó la responsabilidad de la empresa, exonerando al Estado ecuatoriano de responsabilidad. Ante esta discrepancia, la Corte Constitucional de Ecuador inició una audiencia de revisión en abril para examinar la presunta omisión de responsabilidad del Estado, cuyo veredicto se espera la próxima semana.
Paralelamente, se aguarda una decisión del Tribunal Penal de Santo Domingo el 20 de junio sobre si Furukawa Plantaciones debe enfrentar sanciones penales por los abusos de derechos humanos que presuntamente cometió, incluida la trata de personas con fines de explotación laboral.
Los expertos de la ONU consideran que estos juicios representan una oportunidad única para Ecuador de hacer justicia a las víctimas y asegurar su plena reparación. En un comunicado, instaron a que Furukawa Plantaciones rinda cuentas por los abusos y se conceda una reparación adecuada y rápida a las víctimas.
Además, los expertos hicieron un llamado a Ecuador para que fortalezca sus leyes y normativas en la prevención de la esclavitud moderna, asegurando inspecciones laborales periódicas y efectivas, especialmente en sectores económicos de alto riesgo.
El comunicado fue firmado por el relator de la ONU sobre las formas contemporáneas de esclavitud, Tomoya Obokata, y otros expertos, incluyendo al relator sobre el derecho a la educación (Farida Shaheed), el derecho a la alimentación (Michael Fakhri) y el derecho al agua potable (Pedro Arrojo-Agudo).