Desde la noche del 30 de abril, una crisis ha estallado en el sistema penitenciario ecuatoriano, dejando a alrededor de 11 mil reclusos en 20 cárceles de diferentes partes del país sin servicio de alimentación.
Esta situación crítica se ha desencadenado debido a la decisión de la empresa proveedora de alimentos de suspender el contrato con el sistema carcelario. La razón detrás de esta acción drástica es la falta de pago por parte de las autoridades penitenciarias.
La medida ha generado preocupación y malestar tanto entre los internos como en sus familias, quienes temen por la salud y el bienestar de los reclusos. La falta de acceso a alimentos adecuados y nutritivos podría tener consecuencias graves en la salud física y mental de los presos, así como en el ambiente dentro de las instalaciones penitenciarias.
Las autoridades penitenciarias se han visto obligadas a enfrentar esta crisis de manera inmediata, buscando soluciones para garantizar la alimentación de los internos afectados. Sin embargo, hasta el momento no se ha llegado a una resolución satisfactoria que restaure el servicio de comida en las cárceles afectadas.
Esta situación pone de relieve los desafíos y las deficiencias en la gestión de los sistemas penitenciarios, así como la importancia de contar con contratos sólidos y pagos oportunos para garantizar el funcionamiento adecuado de los servicios básicos en las cárceles del país.
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