El 18 de abril de 2024, la Corte Constitucional emitió una sentencia de 38 páginas, con la jueza Karla Andrade como ponente, remitiendo un caso a la fiscalía general del Estado. La acción se originó a partir de una acción de habeas data interpuesta por el ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la Procuraduría General del Estado (PGE) contra sentencias de jueces de Los Ríos.
En su fallo, la CC determinó que los jueces habían vulnerado el derecho a la seguridad jurídica al utilizar la garantía de habeas data para otorgar un título de propiedad de un bien inmueble. El caso involucra una disputa sobre la propiedad de un predio denominado “Palo Santo”.
La acción de habeas data fue presentada por José Fernando Bucaram Aivas en representación de sus hermanos, alegando que el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) había anulado el título de propiedad otorgado a su padre, Elías Carlos Bucaram Diab. La CC determinó que los accionantes debieron recurrir a la justicia ordinaria en lugar de utilizar el habeas data.
La Corte también cuestionó la decisión de los jueces de Los Ríos de ordenar la devolución del título de propiedad y el pago de 22 millones de dólares con bonos del Estado. Se declaró un error inexcusable por parte de los jueces, y se remitió el expediente a la fiscalía para investigar posibles delitos de prevaricato.
La CC también instó al Estado a recuperar los 22 millones de dólares, ya que considera que no debieron ser otorgados a través de una garantía jurisdiccional. El caso sigue pendiente de resolución por parte del Pleno de la CC respecto a un recurso de aclaración y ampliación presentado por algunas partes involucradas.”
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