Informes recientes han sacudido el panorama internacional al revelar la existencia de 54 estaciones secretas de policía china en 30 países, incluido Ecuador. Entre estos, el Hotel Quito ha sido señalado como uno de los sitios donde operaba una de estas estaciones encubiertas. La agencia de viajes Andywei Travel, ubicada en las instalaciones del hotel, ha sido identificada como la fachada para las operaciones clandestinas de agentes chinos.
La investigación, que ha durado ocho meses, ha sido llevada a cabo por una alianza periodística, que ha accedido a reportes financieros, informes de inteligencia y testimonios de emigrantes chinos en Ecuador y Estados Unidos, así como de funcionarios y exfuncionarios de inteligencia de Ecuador y dos países aliados.
Según informes de Safeguard Defenders, estas estaciones operan a espaldas de las autoridades locales y se centran en monitorear y controlar a ciudadanos chinos que han abandonado el país tras la pandemia. La agencia Andywei Travel, bajo el control de ciudadanos chinos, habría sido utilizada como una tapadera para estas actividades.
El gobierno chino ha negado rotundamente estas acusaciones, argumentando que estas estaciones se establecieron para brindar asistencia a los ciudadanos chinos en el extranjero durante la crisis sanitaria del Covid-19. Sin embargo, informes internacionales sugieren un patrón de represión y persecución a disidentes y defensores de derechos humanos por parte del régimen de Xi Jinping.
Además, se ha destacado el éxodo masivo de ciudadanos chinos hacia otros países, especialmente hacia Estados Unidos, debido a las políticas restrictivas y autoritarias del gobierno chino. Este flujo migratorio ha llevado a un aumento significativo en la llegada de ciudadanos chinos a Ecuador, muchos de los cuales ingresan como turistas y luego se establecen como inversionistas o refugiados.
La empresa China Road and Bridge Corporation (CRBC), propietaria del Hotel Quito, ha estado en el centro de la polémica debido a su presunta complicidad en estas operaciones. La compañía, que adquirió el hotel en 2016 durante el gobierno de Rafael Correa, ha intentado llevar a cabo proyectos de construcción en terrenos patrimoniales del hotel, enfrentando la oposición de varios sectores de la sociedad.
La revelación de estas actividades clandestinas ha suscitado preocupación en Ecuador y en la comunidad internacional, ya que representan una clara violación a la soberanía del país. A pesar de los llamados a pronunciarse sobre el asunto, las autoridades chinas y la embajada en Quito han guardado silencio, aumentando aún más la intriga y la incertidumbre sobre estas operaciones secretas.
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