El gobierno de Daniel Noboa ha decretado un nuevo estado de excepción, focalizado en siete provincias y en el cantón azuayo de Ponce Enríquez, con una duración de 60 días. Esta medida, respaldada por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), busca enfrentar la presencia de grupos terroristas en estas regiones.
El estado de excepción se aplicará en las provincias de Los Ríos, Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Sucumbíos y Orellana, además del cantón Ponce Enríquez en Azuay. No incluye la implementación de un toque de queda. La decisión fue tomada de manera unánime por el Cosepe tras una reunión a puerta cerrada en el Palacio de Carondelet, en Quito.
Diana Jácome, asesora presidencial, indicó que el decreto será enviado a la Corte Constitucional para su análisis en las próximas horas. “Este estado de excepción es necesario debido al incremento de actos delictivos del que todos hemos sido testigos. Es imperativo tomar acciones inmediatas”, afirmó Jácome.
La medida se produce tras la reciente anulación por parte de la Corte Constitucional de un estado de emergencia en cinco provincias, debido a la falta de justificaciones adecuadas. En su comunicado, la Corte recordó al presidente Noboa la responsabilidad y el deber constitucional de motivar adecuadamente cualquier decreto de estado de excepción, ofreciendo suficientes datos fácticos que justifiquen esta medida extraordinaria.
El gobierno espera que este nuevo decreto sea ratificado para poder implementar acciones que mejoren la seguridad y el orden público en las regiones afectadas.
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