El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas llevó a cabo la destrucción de un total de 3.337 armas este jueves 30 de mayo. De estas, 3.116 eran letales y 221 no letales. Además, se destruyeron 945 accesorios y más de 30.000 municiones. Este evento se realizó en las instalaciones de la industria Acerías Nacionales del Ecuador (Andec), bajo la supervisión de autoridades militares y civiles, quienes destacaron la importancia de este proceso judicial.
Este acto de destrucción de armas forma parte de procesos judiciales de los últimos 25 años, sobre los cuales la Justicia ha ordenado su eliminación. Las autoridades presentes resaltaron que la eliminación de estas armas contribuye a la reducción de la violencia y a la mejora de la seguridad en el país.
Las armas destruidas, utilizadas como evidencias, formaron parte de procesos judiciales ya sentenciados por los tribunales entre 1998 y 2023, según remarcó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El proceso de destrucción de armas en Ecuador ha sido un trámite judicial regular, aunque esa normativa será sometida a reformas debido a la decisión de la población en el referéndum y consulta popular del pasado 21 de abril.
En ese plebiscito, impulsado por el Gobierno y que incluyó 11 preguntas sobre seguridad, justicia, empleo e inversiones, una de ellas se refirió a la posibilidad de que las armas incautadas en delitos puedan destinarse al uso de policías y militares. La pregunta planteada fue: “¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta?”.
La Asamblea Nacional deberá tramitar dicha reforma, que busca modificar el destino de las armas incautadas en delitos, potencialmente beneficiando a las fuerzas de seguridad del país.
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