El lunes 3 de junio, Mayra Salazar repitió en una diligencia del caso Purga las declaraciones que ya había dado en marzo sobre el litigio entre el exlegislador socialcristiano Pablo Muentes y el Banco del Pacífico, como parte de su testimonio anticipado en el caso Metástasis. Salazar añadió un nuevo detalle: el fallo judicial contra el banco no habría sido redactado por los jueces de la causa, sino por Tatiana V., una exasesora parlamentaria de Muentes.
Salazar, procesada en el caso Metástasis, fue trasladada a la Corte Nacional de Justicia desde la Casa de Confianza de Chillogallo, al sur de Quito, con chaleco y casco antibalas. En su testimonio, mencionó que su trabajo como comunicadora de la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, Fabiola Gallardo, también implicada en el caso Purga, incluía asesoría en vestimenta, maquillaje e intervenciones públicas. Salazar señaló que recibía un sueldo de $2.500 pagado en la residencia de Muentes en la isla Mocolí.
Salazar detalló que el juez Reinaldo Cevallos conoció y falló a favor de la acción de habeas data presentada por Muentes y su esposa, Mónica Alvarado, contra el banco, ordenando una reparación integral millonaria. Este fallo fue apelado y recayó en los jueces Johann Marfetán, Guillermo Valarezo y José P., quien sería vinculado al caso ese mismo día. Posteriormente, Cevallos fue promovido a juez de la Corte Provincial del Guayas tras su fallo.
Salazar afirmó que por órdenes de Muentes, Gallardo y Marfetán, se manipuló un concurso de jueces provinciales para favorecer a Cevallos, quien no cumplía ciertos requisitos, como no tener expedientes ni haber sido destituido, y haber permanecido en la Escuela de la Función Judicial. Según Salazar, se alteraron las calificaciones para que Cevallos pudiera convertirse en juez de Sala Penal de la Corte del Guayas.
Salazar también acusó a Muentes de manipular el sorteo de la Sala que conoció el caso del Banco del Pacífico, buscando que recayera en los jueces Nelson Ponce, Ulises Torres y Alfonso Ordeñana. Tras la negativa de Torres a las pretensiones de Muentes, este ordenó su traslado a la Sala de la Niñez y Adolescencia, decisión que Torres apeló. El juez Alberto Lino aceptó las pretensiones de Muentes, permitiendo el traslado.
Según Salazar, Lino no redactó el fallo en el caso del Banco del Pacífico; lo hizo Tatiana V., exasesora de Muentes. Además, Lino solicitó la contratación de su hijo en una dependencia judicial del Guayas a cambio de su fallo favorable.
Finalmente, Salazar responsabilizó nuevamente a Muentes de su seguridad y la de su abogado, Leonardo Toledo, señalando que Muentes, quien permanece en La Roca en Guayaquil, sería responsable de cualquier daño que les ocurriera.
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