En un testimonio que sacudió los cimientos del sistema judicial ecuatoriano, Daniel Salcedo, condenado por corrupción hospitalaria y procesado en el caso Metástasis, reveló una red de corrupción judicial que deja al descubierto la podredumbre en la relación entre jueces y delincuentes. Rodeado de hombres armados y equipado con casco y chaleco antibalas, Salcedo rindió su testimonio anticipado este lunes, confirmando lo que muchos sospechaban pero pocos se atrevían a decir abiertamente.
“En este país ya no se puede ser mafioso”, declaró Salcedo, denunciando que los jueces se aprovechan de quienes intentan ganarse la vida de manera honrada, exigiendo pagos exorbitantes a cambio de servicios básicos como un habeas corpus, un traslado o una sentencia favorable.
En un relato que pinta un oscuro panorama de corrupción, Salcedo describió cómo los jueces establecen tarifas arbitrarias y persiguen a los delincuentes para exigir sus pagos, incluso cuando estos se encuentran en el extranjero. “Son los jueces quienes se ofrecen a los mafiosos”, afirmó.
El testimonio de Salcedo reveló que los mafiosos no necesitan amenazar a los jueces, ya que son estos últimos quienes los buscan activamente para negociar sobornos. Desde citas en los bajos de la Corte Provincial hasta reuniones en la cárcel, los jueces establecen las condiciones y los montos de los pagos, dejando a los delincuentes en una posición de constante negociación y explotación.
Salcedo detalló cómo los jueces fijan tarifas específicas por diferentes servicios, desde traslados hasta habeas corpus, y cómo se embolsan el dinero sin cumplir su parte del acuerdo. Según Salcedo, varios jueces, incluyendo a Byron Guillén y Lino Ramos, recibieron pagos por servicios que nunca se llevaron a cabo, dejando a los delincuentes en una situación de completa indefensión.
Estas revelaciones llegan en un momento en que Ecuador se encuentra sumido en una profunda crisis judicial, con seis meses consecutivos de evidencia sobre la corrupción en el sistema judicial. Sin embargo, a pesar de la gravedad de estas acusaciones, la respuesta de la clase política ha sido decepcionante, con una falta de acción por parte de los tres poderes del Estado para abordar el problema y emprender las reformas necesarias.
La colaboración de Salcedo, aunque significativa, dejó algunas preguntas sin responder, especialmente en lo que respecta a su relación con la familia Bucaram. La ausencia de referencias a ciertos eventos y personas en su testimonio plantea interrogantes sobre la transparencia y la integridad de su colaboración con las autoridades.
En resumen, el testimonio de Salcedo arroja luz sobre una red de corrupción judicial que amenaza con socavar la confianza pública en el sistema de justicia ecuatoriano. Ahora, más que nunca, se requiere una acción decidida por parte de las autoridades para restaurar la integridad y la imparcialidad en el sistema judicial y garantizar que todos los ciudadanos reciban un trato justo y equitativo ante la ley.