Otra polémica ha surgido en torno a la denuncia presentada por el consejero Esteban Guarderas contra la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Guarderas, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), es ahora acusado de falsificar la firma de su abogado en el documento presentado ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
La controversia estalló el viernes 7 de junio de 2024, cuando Ronald Morocho, abogado patrocinador del caso a petición de Guarderas, reveló que su firma había sido utilizada sin su consentimiento para modificar y completar la denuncia.
En una declaración a través de su cuenta en X, Guarderas calificó la acusación de su abogado como un “cambio de bando”, sugiriendo que se trataba de un “ataque correísta al juicio contra Abad”, que podría abrir la puerta a un posible indulto para el expresidente Rafael Correa.
Guarderas defendió su posición afirmando que la firma de Morocho aparece en dos documentos distintos, y señaló que su abogado “ahora alega no saber” sobre uno de ellos. Sin embargo, Morocho ha sido enfático en que no autorizó la presentación del nuevo documento ni firmó el contenido que este incluye.
Además, solicitó al juez encargado del caso, Fernando Muñoz, que oficie a la Fiscalía para que inicie una investigación exhaustiva sobre los hechos.
Este incidente añade una nueva capa de tensión a la ya complicada situación política, con implicaciones que podrían afectar significativamente a las figuras involucradas y a la dinámica política del país.