La Fiscalía ha iniciado investigaciones contra los guías penitenciarios involucrados en el traslado de presos durante la balacera ocurrida el lunes 10 de junio en los exteriores del Hospital Pablo Arturo Suárez, en Quito. El incidente permitió la fuga de un interno de la cárcel de El Inca mientras el personal del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) trasladaba a tres presos al hospital.
Por este caso, la Fiscalía está investigando a cuatro guías penitenciarios presentes en el momento del traslado, lo que ha generado el rechazo de la Asociación de Agentes Penitenciarios del Ecuador. En una rueda de prensa realizada este martes, Paúl Sánchez, representante legal de los servidores penitenciarios, informó sobre el desarrollo de la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos contra los cuatro guías. Aunque la Fiscalía solicitó prisión preventiva para los investigados, el juez no aceptó el pedido y ordenó su liberación, según el abogado.
Sánchez sostuvo que se intentó responsabilizar a los agentes penitenciarios de la fuga del interno, cuestionando la falta de garantías para su trabajo. Señaló que el chaleco de la guía penitenciaria herida en la balacera “estaba vencido desde 2021”. Los agentes también carecían de armas adecuadas para enfrentar la situación.
El día de la balacera, la Policía aseguró que ninguna instancia había tramitado el resguardo policial para el traslado de los presos. Ante esto, el abogado Sánchez señaló que “los agentes penitenciarios únicamente cumplen órdenes” y responsabilizó al SNAI por no coordinar adecuadamente con la Policía. “Ellos son los que tienen que brindar autos blindados, armamento, chalecos que sirvan”, añadió.
La situación resalta las condiciones precarias en las que operan los guías penitenciarios y la necesidad de mejorar las medidas de seguridad y coordinación entre las instituciones responsables.
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