La Fiscalía General del Estado ha enfrentado un obstáculo significativo en el avance del caso Nene. A pesar de la evidencia recopilada, la vinculación de la vicepresidenta Verónica Abad al proceso no puede proceder sin la autorización de la Asamblea Nacional, debido a su fuero de corte.
El caso Nene, que ha sacudido la política ecuatoriana, investiga una presunta trama de tráfico de influencias y corrupción vinculada a la Vicepresidencia de la República. En el centro del escándalo se encuentra Francisco Barreiro, hijo de la vicepresidenta Abad, acusado de ofrecer tráfico de influencias.
La Constitución y el Código de la Función Judicial establecen que la vinculación de altos funcionarios con fuero de corte, como la vicepresidenta, requiere la autorización previa de la Asamblea Nacional. Este requisito legal ha puesto en pausa la intención de la Fiscalía de vincular formalmente a Abad al proceso judicial.
La Fiscalía General emitió un comunicado aclarando que, sin la autorización legislativa, no puede proceder con la vinculación. “La Fiscalía lleva a cabo sus funciones dentro del marco legal establecido, y en este caso, la autorización de la Asamblea Nacional es indispensable para avanzar”, declaró el ente judicial.
Hasta el momento, la Asamblea Nacional no ha emitido una respuesta oficial respecto a la solicitud de la Fiscalía. La decisión de autorizar o no la vinculación de la vicepresidenta Abad al caso Nene podría tener implicaciones significativas para el desarrollo del proceso judicial y el panorama político del país.
El siguiente paso depende de la Asamblea Nacional, que deberá decidir si concede la autorización requerida. Mientras tanto, la investigación continuará en otras áreas, manteniendo el foco en los acusados actualmente procesados y en la recopilación de más pruebas.