El Gobierno de Ecuador asegura que no está buscando votos en la Asamblea Nacional para levantar la inmunidad de la vicepresidenta Verónica Abad, quien está implicada en el caso Nene. Según el viceministro de Gobernabilidad, Esteban Torres, el Ejecutivo no ha considerado retirar las funciones de la Vicepresidenta.
En una rueda de prensa en Quito, Torres afirmó que el Gobierno se mantendrá atento al trámite y votación en la Asamblea, pero no activamente buscará los votos necesarios para iniciar un proceso penal contra Abad. “Vamos a estar atentos para ver quién es quién en la Asamblea, pero no es que vamos a buscar los votos”, declaró Torres.
Para autorizar el enjuiciamiento penal del Presidente y la Vicepresidenta de la República, la Constitución exige la aprobación de dos tercios de los legisladores, es decir, 91 votos. Torres adelantó que en la Asamblea pueden darse dos escenarios: obtener los votos necesarios o permitir una autorización tácita al negarse a tratar el tema.
Torres también señaló que no se ha considerado retirar funciones a Abad, quien desde diciembre de 2023 actúa como embajadora de paz en Israel. El Gobierno espera las decisiones de la jueza Daniella Camacho y la Asamblea Nacional respecto al caso.
En el caso Nene, Verónica Abad, su hijo Sebastián Barreiro y su asesor Daniel Redován son investigados por supuestamente exigir parte del sueldo de un funcionario de la Vicepresidencia a cambio de estabilidad laboral.
El Viceministro también mostró una postura conciliadora con el Legislativo, destacando la “posición positiva” de la Asamblea al aprobar el informe para el primer debate de las leyes derivadas de la consulta popular. “La Asamblea Nacional y la Comisión han respetado el dictamen de la Corte Constitucional y además las preguntas propuestas por el presidente de la República. Eso es lo que tiene que hacer: trabajar por el país y no conspirar contra el gobierno o el Presidente”, enfatizó Torres.
Además, Torres advirtió que estarán atentos a las decisiones de los legisladores sobre el veto parcial a las reformas al Sistema de Seguridad Social y criticó las amenazas de juicio político contra cuatro ministros por no acudir a la Comisión de Gobiernos Autónomos para discutir el proyecto inmobiliario en Olón.