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PROCESAMIENTO PENAL A VICEPRESIDENTA JUEZA PIDE AUTORIZACIÓN  A LA ASAMBLEA

Nacional
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La jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, ha solicitado a la Asamblea Nacional la autorización para procesar penalmente a Verónica Abad, vicepresidenta de Ecuador, por el presunto delito de concusión. Este pedido fue realizado el miércoles 12 de junio y se ha dado un plazo máximo de 48 horas para que el Parlamento se pronuncie al respecto.

Para proceder con el proceso penal, se requiere que el Pleno de la Asamblea apruebe la solicitud con al menos 92 votos. En caso de ser autorizada, Abad será procesada en el caso conocido como “Nene”. La jueza Camacho podría dictar prisión preventiva contra Abad, lo que resultaría en su destitución como vicepresidenta. De ser así, el Gobierno deberá nombrar un ministro como reemplazo temporal y, tras tres meses, enviar una terna a la Asamblea para su reemplazo definitivo.

Sin embargo, si se dictan medidas alternativas, como presentaciones periódicas ante un juez, Abad no perdería su puesto como vicepresidenta y podría mantener sus aspiraciones de postularse a la Presidencia cuando Daniel Noboa inicie su campaña política para las elecciones de 2025.

Reformulación de cargos contra Sebastián Barreiro

La jueza Camacho también ha convocado a una audiencia de reformulación de cargos para el lunes 17 de junio a las 14:45 en la Corte Nacional de Justicia. Esta audiencia está relacionada con el presunto delito de concusión contra Francisco Sebastián Barreiro, hijo de Verónica Abad, y Daniel Redrovan, asesor de la vicepresidenta.

Inicialmente, Barreiro estaba siendo investigado por el presunto delito de oferta de tráfico de influencias. Aunque estuvo detenido en la cárcel La Roca, ahora se defiende en libertad tras pagar una caución. La jueza ha autorizado a la Fiscalía para realizar un análisis exhaustivo del contenido del celular de Barreiro, cuya información será declarada reservada.

El caso “Nene” surgió después de que una persona denunciara que había sido contratada en la Vicepresidencia a cambio de entregar parte de su sueldo. Testimonios señalan que tanto Abad como Barreiro recibían una porción de este dinero, lo que ha llevado a la actual situación legal.

La resolución de estos casos será crucial para determinar el futuro político de Verónica Abad y las repercusiones para el Gobierno actual.

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