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GOBIERNO ECUATORIANO UTILIZA MEDIOS ESTATALES INCAUTADOS PARA ATACAR A OPOSITORES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

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Ecuador, 10 de junio de 2024 – El Gobierno de Ecuador generó controversia al utilizar TC Televisión, medio incautado, para transmitir el 10 de junio una “investigación” que acusa a la vicepresidenta Verónica Abad de dirigir una red de troll centers para atacar a Daniel Noboa y su esposa.

Fundamedios ha condenado enérgicamente estas prácticas, equiparándolas a estrategias autoritarias similares a las empleadas durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017), donde los medios públicos, incautados y privados afines recibían fondos estatales para implementar una maquinaria propagandística.

La nota también involucra a opositores como responsables de operar los troll centers, mencionando específicamente a los portales digitales Guayaquil News y Tiempo Real.

Guillermo Lizarzaburo, fundador y director de Guayaquil News, desmintió rotundamente las acusaciones, contactando a Iselda Ortega, coordinadora de noticias de TC Televisión, para solicitar una rectificación. Lizarzaburo afirmó que su portal no participa en actividades de troll center y cuestionó la credibilidad de los informes presentados por el Gobierno.

Iselda Ortega confirmó a Fundamedios que TC Televisión en Quito ha recibido la solicitud de rectificación y que esta se publicará el jueves 13 de junio. Según Fundamedios, la “investigación” se basó en informes proporcionados directamente por autoridades del gobierno a los nuevos directivos de TC, recientemente designados.

El reportaje también sugiere que el supuesto troll center fue financiado con dinero ilícito, lo que ha llevado a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) a iniciar una investigación sobre los fondos y movimientos financieros relacionados.

Hasta el momento, Fundamedios no ha recibido respuesta de la UAFE sobre este tema.

Fundamedios recalca que el uso indebido de medios públicos o estatales constituye una seria amenaza a las libertades democráticas, incluyendo la libertad de prensa y expresión, y podría ser considerado un abuso de recursos públicos.

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