La Justicia salvadoreña ha impuesto penas históricas a ocho pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS13), con sentencias que varían entre 130 y 460 años de cárcel. Estos individuos fueron procesados por delitos de extorsión, agrupaciones ilícitas e intento de homicidio, informó este viernes, 14 de junio de 2024, la Fiscalía General de la República (FGR).
La FGR detalló que entre 2003 y 2013, estos pandilleros exigieron a varios comerciantes el pago semanal de entre 25 y 1.000 dólares bajo amenazas, a cambio de permitirles trabajar en la zona. Estas condenas se suman a las de otros 29 pandilleros, conocidas el jueves, por intentar asesinar a al menos siete personas en el departamento oriental de Morazán entre enero y julio de 2020.
“A varios de estos terroristas se les han sumado más años de condenas por intentar asesinar a 7 víctimas y por el delito de organizaciones terroristas,” indicó la FGR en su cuenta de X. Entre los condenados se encuentran José Portillo y José Andrade, sentenciados a 152 y 132 años de prisión, respectivamente. José Pineda, otro miembro de este grupo, recibió una condena de 460 años de cárcel por extorsión.
Condena superior a un milenio
Estas no son las mayores condenas impuestas por la Justicia salvadoreña contra pandilleros. En 2023, Wilmer Segovia, también de la MS13, fue condenado a 1.310 años de cárcel tras ser declarado culpable de cometer 33 homicidios, 9 proposiciones para cometer asesinatos y varias extorsiones.
Endurecimiento de Penas y Régimen de Excepción
A finales de marzo de 2022, el Congreso de El Salvador aprobó un fuerte endurecimiento de penas contra los miembros de pandillas en respuesta a una ola de homicidios. Estas reformas se implementaron bajo un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales. Aprobado en marzo de 2022 por el Congreso tras una ola de asesinatos, este régimen sigue vigente y cuenta con amplio respaldo popular. Desde su implementación, ha habido más de 80.000 detenciones, aunque también se han reportado más de 6.000 denuncias de violaciones a derechos humanos y más de 300 muertes de detenidos, la mayoría con signos de violencia, según organizaciones humanitarias.
El Desafío de las Pandillas
Las pandillas en El Salvador son vistas como una herencia de la guerra civil (1980-1992) y se fortalecieron con la deportación de pandilleros desde Estados Unidos. Este problema ha persistido a pesar de los diversos planes de seguridad implementados en las últimas cuatro administraciones. El presidente Nayib Bukele, que comenzó su segundo mandato el 1 de junio de 2024, ha declarado que su gobierno ha curado este “cáncer” social.
Estas severas condenas reflejan la determinación del gobierno salvadoreño de enfrentar el fenómeno de las pandillas, a pesar de los desafíos y las controversias relacionadas con la aplicación de la justicia en el país.